La regulación del juego en España deberá regir de la misma manera en empresas de juego privado como en empresas públicas. Así se lo ha manifestado CEJUEGO, patronal del juego privado en España, al ministro de Consumo, Alberto Garzón, en la reunión celebrada el jueves 6 de febrero de 2020.
En el Real Decreto de Ley del Juego en el que está trabajando el Gobierno para regular el sector del juego en España, CEJUEGO considera necesario que se incluya tanto al sector privado del juego como al público. Así, Lotería y Apuestas del Estado y ONCE también deberán regirse por las nuevas medidas que se prevé que estén listas antes verano.
Real Decreto de Ley del Juego
La patronal del sector privado en España está a favor de regularizar el sector del juego y colabora con los distintos Gobiernos desde 2011. Entre las medidas que se prevé adoptar está la restricción horaria de la publicidad. De esta manera, sólo se podrán emitir anuncios sobre juego online entre la 1 y las 5 de la madrugada.
En cuanto a eventos deportivos, los operadores de juego sólo podrán anunciarse durante tramos específicos y se disminuirá el número de impactos durante los eventos. Otra de los puntos en los que están de acuerdo es que no se anuncien bonos o cuotas que promuevan el juego. Y unos de los puntos más importantes es que se deberán realizar anuncios explicativos e informativos sobre los peligros del juego.
Prevenir y frenar la ludopatía
Uno de los retos más importantes a los que se enfrenta el Ministerio de Consumo es la necesidad de prevenir y frenar la ludopatía. Uno de los principales problemas que afecta mayoritariamente a los más jóvenes y otros colectivos vulnerables. CEJUEGO seguirá colaborando con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que no haya ningún menor en las salas de juego. En una de las últimas operaciones que realizó la policía encontraron 28 menores en alrededor de 1900 establecimientos de apuestas.
Durante la reunión CEJUEGO también ha pedido que las Comunidades Autónomas protejan a los colectivos más vulnerables. Así exigen un “Plan de Prevención y de Juego Responsable en colaboración con el Ministerio de Educación que avale las medidas regulatorias en las CCAA en informes documentados”.Y también exige que no se permita la aprobación de leyes encubiertas para favorecer al juego público frente al privado como ha sucedido en la Comunidad Valenciana.
